* o de cómo realizar suicidios masivos de lectores...
El 23 de julio, dicen, es fecha histórica para nuestro país, sus lectores y los hacedores de lecturas.
Y es que resulta que tal día se anunció el decreto de promulgación de la Ley del Fomento a la Lectura y el Libro, mejor conocida como Ley del precio único del libro (palabras más, palabras menos, pues).
Años previos a la fecha habian sido llenos de especulación, de información y de muchas expectativas. Uno de sus principales promotores, el escritor mexicano Alberto Ruy Sánchez, decía en entrevistas que era impensable que en un sólo territorio nacional un libro tuviera hasta tres precios distintos, dependiendo de la zona. Es decir, porqué en Tijuana, Tabasco, Chiapas y el DF el mismo libro estuviera etiquetado con precios diferentes.
Ruy Sánchez comentaba que con ésta ley, eso se terminará, y se crearán más espacios para la lectura y, por supuesto, más lectores.
Pero lo que Ruy Sánchez nunca dijo es que es una ley que, en el fondo, no proporciona beneficio alguno a los lectores.
Bueno, en lo personal, y reconociendo lo nulo que hasta entonces conocía de la ley mencionada, me resultaba esperanzador saber que los libros fueran más accesibles a los bolsillos, porque reconozcámoslo: los libros en muchas ocasiones son muy caros.
El ir y venir de lo que nos daría la ley a los bibliófilos era por demás optimista.
Un escenario -y una ley- que rescataría de la agonía a librerías, sobre todo a las pequeñas, y más aún a las de provincia donde los hits editoriales se confunden entre las ediciones locales. Una ley que daría aire, muy necesario por cierto, a las bibliotecas públicas que las menos se encuentran en buenas condiciones. Las más, requieren de rehabilitaciones arquitectónicas, y claro un refresh de contenidos en calidad de urgente.
Pero más allá de lo benéfico que sería para los espacios públicos, la posiblidad -real- de acercar contenidos editoriales y literarios a los sectores poblacionales que en su vida han comprado un libro, y que la referencia más cercana que tienen son los libros de texto gratuitos, con los que toman clases en sus centros educativos públicos (o sea, gubernamentales).
Hoy por la tarde me avoqué a investigar más del meollo de la Ley del precio único del libro.
¡Gran decepción!
Leer la ley del libro fue como leer cualquier otra ley que se haya hecho en nuestro país.
En ningún rubro de los 27 artículos de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro se lee algún apartado que diga que se reducirán los costos de los libros, o que las editoriales realizarán descuentos mensuales a ciertos títulos. O vamos, algo parecido.
La Ley, para empezar, es una dosis de arsénico a los lectores, editores, distribuidores y demás involucrados en lo que el documento le llaman "cadena productiva del libro".
En la ley participan entidades públicas, dejando de lado -en lo ejecutivo- a entidades cívicas y promotoras de la lectura. Así, se lee:
Artículo 5. Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley en el ámbito de sus respectivas competencias:
- La Secretaría de Educación Pública;
- El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes;
- El Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, y
- Los Gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal.
Para trabajar conjuntamente, se decidió crear un Consejo Nacional de Fomento para el libro y la lectura. Dicho grupo de trabajo, está integrado por funcionarios públicos y más entidades gubernamentales:
Artículo 14. El Consejo estará conformado por:
I.- Un presidente, que será el titular de la Secretaría de Educación Pública. En su ausencia será suplido por quien éste designe;
II.- Un secretario ejecutivo, que será el titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. En su ausencia será suplido por quien éste designe;
III.- El titular del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas;
IV.- El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana;
V.- El presidente de la Asociación de Libreros de México;
VI.- El presidente de la Asociación Nacional de Bibliotecarios;
VII.- El presidente de la Sociedad General de Escritores de México;
VIII.- El Director General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública;
IX.- El Director General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y
X.- El Director General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Si por ahí tienen o conocen alguien que esté intersado en sumarse a la lista, por supuesto que será bienvenido, porque si de hacer bola se trata, pues eso es lo de menos.
En el Artículo 22 queda más que claro que la Ley es, por adelantado, una ley hecha con papel picado:
Artículo 22. Toda persona física o moral que edite o importe libros estará obligada a fijar un precio de venta al público para los libros que edite o importe. El editor o importador fijará libremente el precio de venta al público, que regirá como precio único. (las negritas son mías. Y si el editor o importador decide dar el libro a 500 pesos, pues entonces ese será el precio único... ¡qué caray!)
Y aquí viene donde la puerca tuerce el rabo: la Ley del precio único del libro no se aplicará en las compras que realicen: "las bibliotecas que ofrezcan atención al público o préstamo, los establecimientos de enseñanza y de formación profesional o de investigación" (Artículo 25).
Es decir, en los lugares donde debería tener preeminencia la Ley (escuelas y bibliotecas) es donde primeramente se exenta la aplicación de la misma.
Pero en medio de la oscuridad siempre hay un atisbo de luz: sí habrá precios inferiores a lo establecido... ¡en los libros con una antigüedad de 18 meses!
El Artículo 26 así lo declara:
(...) cuando se trate de libros editados o importados con mas de 18 meses de anterioridad, así como los libros antiguos, los usados, los descatalogados, los agotados y los artesanales.
Muy probablemente estoy dando por muerta una Ley que a la postre dará buenos frutos.
Pero para como está la ley, más bien veo que las librerías (me refiero a Gandhi, con todo lo bueno y malo que es como cadena comercial de libros) harán su agosto.
Está por demás sabida la situación editorial en nuestro país, así como la forma en que Gandhi hace manita de puerco a las editoriales para que éstas bajen al límite sus precios para que aquella aumente su rango de utilidad, con una ley que supuestamente impulsará la lectura, o que, mejor dicho, deja ahora más que nunca los precios a la oferta y la demanda.
¡Qué lástima!
--> Si quieres leer íntegra la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, entra a www.leydellibro.org.mx o apachúrrale aquí mero.
